Chihuahua a 25 de marzo.- En una entrevista exclusiva con nuestro medio, la Magistrada Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, Roxana García Moreno, abordó el tema de la marcha realizada por los diputados de Morena y simpatizantes hacia las instalaciones del tribunal. La marcha tuvo lugar con el propósito de denunciar el presunto «nado sincronizado» entre los institutos electorales y el gobierno estatal, alegando que se les impide registrarse como candidatos a la reelección debido a acusaciones de violencia política de género.
En relación a la manifestación de protesta, la Magistrada Presidente expresó que los simpatizantes de Morena y los diputados están en pleno ejercicio de su derecho a la manifestación, ya que llevada a cabo de manera pacífica. Sin embargo, recalcó que el caso en cuestión no debe ser abordado mediáticamente, sino de acuerdo a la ley y a los procedimientos legales establecidos, por lo que consideró que la marcha y protesta son erroneas.
Durante la entrevista, la Magistrada Presidente aclaró que, efectivamente, el Instituto Estatal Electoral recibió una denuncia de violencia política de género por parte de la diputada Adriana Terrazas, dirigida contra 8 diputados de la fracción de Morena. Este caso está siendo tratado como un procedimiento o juicio especial sancionador, en el cual el Instituto Estatal Electoral lleva a cabo investigaciones exhaustivas, diligencias y audiencias pertinentes. Una vez completada la investigación, el asunto es remitido al Tribunal Electoral, quien tiene la potestad de ordenar nuevas investigaciones pendientes o de emitir un veredicto al respecto.
García Moreno explicó que, en esta etapa del procedimiento, el magistrado a cargo tendrá cinco días para dictar sentencia una vez que se haya realizado la verificación y se hayan evaluado todas las pruebas pertinentes. Hasta el momento, no se ha emitido ninguna sentencia, ya que el procedimiento se encuentra en este periodo.
La Magistrada Presidente subrayó que el magistrado a cargo del caso (Hugo Molina), deberá determinar si hubo violencia política de género, tomando en consideración las pruebas presentadas tanto por la denunciante como por los denunciados, así como las pruebas recabadas por el Instituto en el ejercicio de sus facultades investigativas.
En respuesta a las acusaciones de «nado sincronizado» entre los institutos electorales y el gobierno estatal, la Magistrada Presidente afirmó que este es un concepto equivocado, puesto que el Tribunal Electoral está encargado de juzgar un caso de violencia política contra una diputada, y no de determinar la elegibilidad de algún legislador. Se trata, según sus palabras, de un asunto exclusivamente relacionado con la violencia política de género, que será evaluado estrictamente conforme a la ley.
Sobre la supuesta complicidad del gobierno estatal con los institutos electorales, García Moreno negó categóricamente cualquier tipo de complicidad, asegurando que no han mantenido contacto con el gobierno estatal al respecto.
Con estas declaraciones, la Magistrada Presidente Roxana García Moreno ofrece claridad sobre el proceso en curso en el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, haciendo hincapié en la importancia de que el caso sea abordado conforme a estrictos lineamientos legales, alejado de consideraciones mediáticas o políticas.